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El Gobernador Wolf anuncia que la industria inmobiliaria puede realizar transacciones comerciales limitadas en todo el estado

May 19, 2020

Enmienda del Gobernador a la orden de cierre de empresas
Enmienda de la Secretaria de Salud a la orden de cierre de empresas

El Gobernador Tom Wolf anunció que a partir de hoy las empresas y los empleados de la industria inmobiliaria pueden realizar actividades comerciales limitadas en todo el estado y brindó orientación para que esta industria opere en los condados que se encuentran en la fase roja y la fase amarilla.

“Continuamos revisando nuestras políticas y la información científica con el fin de determinar el enfoque más seguro para todas las actividades en el estado”, dijo el Gobernador Wolf. “Si bien en este punto más de dos tercios del estado estará en la fase amarilla del plan de reapertura del estado de aquí al viernes 22 de mayo, todavía estamos evaluando la manera en que las industrias pueden operar de manera apropiada en los condados que se encuentran en fase roja, incluida la industria inmobiliaria.

“Esta industria afecta a numerosos tipos de empresas y a compradores de viviendas de Pennsylvania que están en proceso de comprar una vivienda o que están considerando comprarla. Es crucial que estas empresas, independientemente de si están en los condados que están en la fase roja o amarilla, cumplan perfectamente con todas las guías y la orientación apropiadas”, dijo el Gobernador Wolf.

Anteriormente, las empresas y los empleados de la industria inmobiliaria tenían permitido realizar actividades limitadas en persona en los condados que estaban en la fase amarilla del plan estatal de reapertura por etapas.

La guía para las empresas de bienes raíces requiere que las empresas y los empleados cumplan con todas las disposiciones vigentes de la Guía para las empresas autorizadas a operar durante la emergencia por desastre a causa de la COVID-19 con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los empleados y el público, que incluye las disposiciones que exigen que cada persona presente en un lugar de trabajo, ubicación comercial o propiedad ofrecida para la venta, use máscaras/pantallas faciales, y las disposiciones que exigen los protocolos a cumplir al descubrir que el negocio ha estado expuesto a una persona que es un caso probable o confirmado de COVID-19.

Todas las actividades en persona deben programarse y limitarse a no más que el profesional de bienes raíces y dos personas dentro de una propiedad en todo momento, y cumplir con el distanciamiento social apropiado.

Para realizar acuerdos/cierres de contratos, se debe utilizar un notario que trabaje de manera remota, realizar los poderes notariales o el intercambio de documentos contractuales por vía electrónica o por correo, siempre que sea posible. Cuando no sea posible realizar acuerdos/cierres de contratos a través de un notario que trabaje de manera remota, o un poder notarial, la asistencia en persona debe limitarse exclusivamente a los firmantes requeridos y a sus asesores legales o profesionales de bienes raíces, y deben cumplirse los pasos para preservar el distanciamiento social en la mayor medida posible.

También se alienta a las empresas y a los empleados a proporcionar a los vendedores la información pertinentes respecto de la seguridad y los protocolos para la limpieza y la desinfección de las propiedades; utilizar el marketing electrónico tanto como sea posible; brindar a todas las personas que desempeñen una actividad en persona un examen de salud verbal; escalonar los horarios de muestra de propiedades; evitar el contacto físico con la propiedad preparando todo de antemano para evitar la necesidad de interactuar con elementos como luces, puertas interiores, cortinas y persianas; y minimizar el tiempo que pasa en la propiedad conversando fuera de la propiedad a través de medios remotos.

El Gobernador vetó hoy el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 2412, que no proporciona suficientes protocolos de seguridad para la crisis de salud pública debido a la COVID-19. Además, la legislación habría impuesto restricciones a los municipios respecto de las transferencias de propiedades. Específicamente, habría eliminado la capacidad de una municipalidad de emitir permisos de uso y ocupación y realizar inspecciones de seguridad, que son condiciones para la transferencia de una propiedad.

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